La Ley Ómnibus (Ley de medidas urgentes para el impulso de
la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad
de Madrid) es una ley “oportunista” como las Leyes de Acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado que aprovechan la urgencia con el que se
tramitan al final de cada año, para aprobar variados contenidos que tenían poco
que ver con la materia presupuestaria.
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| Diaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid - PP |
Pues bien, la Comunidad pretende modificar de una tacada más
de 50 leyes sobre sanidad pública, urbanismo, medioambiente, juego, haciendas
locales y servicios sociales, servicios de incendios, agentes forestales,
policía local, menor infractor, uniones de hecho, transparencia de la
administración pública, presentándola con carácter de urgencia a final de año a
pesar de que llevaban preparándola desde 2020. Toca temas tan dispares como
urbanismo, poniendo fin a la obligación de las constructoras de ceder suelo a
los ayuntamientos, modifica la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas
para facilitar su control por el ejecutivo, modifica leyes de ordenación de
transportes urbanos, medio ambiente que afectan a la ordenación y gestión del
territorio regional, sus sistemas urbanos y sus recursos naturales.
En materia medioambiental
afecta en lo siguiente:
- Reducción de la protección de las especies vegetales de
flora silvestre, tanto las especies incluidas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, como las que no lo están.
- Desprotección del arbolado de especies no protegidas. En
la práctica lo que se persigue es eliminar la supervisión por parte de la
administración competente en el caso de talas en obras o aprovechamientos. Los
ejemplares arbóreos de las especies vegetales de flora silvestre no protegidas,
por el mero hecho de serlo, se considerarán como especies de interés forestal y
podrán ser sometido a un aprovechamiento comercial.
- Desprotección y privatización encubierta de los montes de
utilidad pública: se elimina la obligación de estar sometidas a autorización
ciertas actividades, al limitar los informes por parte de la entidad titular.
Además, se amplía el plazo de las ocupaciones temporales de 15 años a 75 años,
lo que supone una privatización encubierta de estos montes.
- Favorece el uso urbanístico y comercial de los Parques
Regionales: propiciando nuevas infraestructuras, obras, negocios hosteleros,
hoteleros y de turismo o incluso negocios y aprovechamientos residenciales, en
zonas donde, hasta ahora, estaban restringidos o estaban completamente
prohibidos.
- Facilita la caza en zonas de máxima protección. La
actividad cinegética podrá realizarse incluso en las zonas de más alto valor
ambiental, sin más limitaciones que cualquier otra zona del territorio.
- Posibilita modificar los límites de los Parques Regionales
sin control. El Gobierno Regional podrá cambiar el territorio protegido si
considera que no existen suficientes valores ambientales.
Tiene un capítulo entero dedicado a temas sanitarios.
Lo más escandaloso es el hecho de que crea una Agencia de
Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid que estaría regulada por el
derecho privado, y que, por tanto, escaparía al control de los representantes
públicos de la Asamblea de Madrid.
Esta Agencia, será considerada necesariamente como sector
público por estar constituida desde la Administración, regulada por la Ley
9/2017. Por lo que debería funcionar, a la hora de la contratación, como
cualquier administración pública, afectando tanto a los contratos de obra, de
servicios, de suministros, etc.
La Comunidad de Madrid ya funciona con contrataciones
directas demasiado frecuentes, según informes de Audita-Sanidad. Avanzando en
la discrecionalidad, lo grave y preocupante es la capacidad que da a esta
Agencia para constituir o participar en el capital de toda clase de sociedades
mercantiles, cuyo objeto social esté vinculado en los fines y objetivos de la
Agencia. Es decir, un paso más para mercantilizar, dentro de la mal llamada
“colaboración público-privada”, las actividades sanitarias como los conciertos,
los acuerdos Marco para rebajar las listas de espera, o cualquier otra
actividad como compras, poner en marcha estructuras “ad hoc, promover
consorcios privados para prestar atención primaria, etc. Se introduce así aún
más a las empresas privadas no solo en la prestación, sino también en la
gestión y administración de recursos públicos. Y estas actividades
desarrolladas por sociedades mercantiles participadas, sí que tendrán un escaso
y difícil control de los representantes públicos y permitirán generalizar las
contrataciones directas (“a dedo”) eludiendo así las garantías de los contratos
administrativos.
La Ley Ómnibus aborda otros temas de incidencia sanitaria,
como son:
- La exención del requisito de nacionalidad para el acceso a
la condición de personal estatutario, con el objetivo de contratar a médicos
especialistas de países hispanoamericanos. Se pretende así atajar la realidad
de la huida de especialistas MIR recién formados en Madrid, a otras CC.AA. o al
extranjero, ante las malas condiciones laborales que se ofrecen en esta
Comunidad.
- Se facilita la adquisición de la condición de personal
estatutario a personal laboral de sus propias instituciones, con solo
solicitarlo.
- Se facilitará la compatibilidad (pluriempleo interno) en 2
trabajos asistenciales en el sector público.
- Se regula de una forma exhaustiva la figura del personal
“emérito”, figura con la cual el PP viene gratificando a los especialistas
médicos que se jubilan, fieles a sus políticas.
En definitiva, la Ley Ómnibus MUIAEM, es un abuso
institucional oportunista que, al menos en la Sanidad, pretende “normalizar”
muchas de las corruptelas con las que el PP viene funcionando y nos tiene
acostumbrados, profundiza en la privatización y degradación de nuestra sanidad
y, por tanto, merece ser rechazada por toda la sociedad.
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| Convocatoria de Manifestación |
La Plataforma Paremos la Ley Ómnibus solicita a los partidos
de la izquierda compromiso para derogar la ocurrencia de Ayuso
La Ley ómnibus vuelve a la Comisión de Presidencia de la
Asamblea de Madrid tras los recursos interpuestos por PSOE, Unidas Podemos y
Más Madrid. La nueva norma ahonda en la privatización de la sanidad, la
desprotección de la naturaleza y favorece la especulación del suelo rústico y
urbano. Además, su tramitación ha supuesto una burla a la participación
ciudadana, según las más de 50 organizaciones que conforman la plataforma
Se han presentado más de 600 alegaciones, se han recogido más de 50.00 firmas, se han manifestado más
de 5.000 personas. Pero nada se ha tenido en cuenta.
Fuente: nuevatribuna.es. Ecologistas en Acción
