5/8/22

Fraguas: La ley ante la repoblación y la autosuficiencia



Fraguas fue un pequeño pueblo del distrito municipal de Monasterio, en la provincia de Guadalajara, a los pies de la sierra Gorda y su población era de unos 80 habitantes.

La localidad y su término, con una extensión de 1134 hectáreas, fueron expropiados por el gobierno franquista en 1968 para declararlo monte de utilidad pública, forzando así su despoblación. Posteriormente fue transferido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en 2011 pasó a formar parte del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

En 2013 se crea en las ruinas de Fraguas un proyecto de okupación rural comunitario de la sierra norte de Guadalajara. Estableciéndose en el antiguo pueblo un grupo de repobladores, lo que desató un litigio judicial con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras ser denunciados por delitos de usurpación del monte, contra la ordenación del territorio y por daños al medio ambiente.

Manifestación de Madrid en apoyo a los seis de Fraguas el 23 de febrero de 2019


La sentencia en primera instancia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara condenó, en junio de 2018, a los seis pobladores a un año y seis meses de cárcel, a una sanción de 16 380 euros por los delitos de usurpación de monte público y contra la ordenación del territorio y a costear la demolición de las viviendas. En agosto del mismo año los pobladores interpusieron un recurso que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Guadalajara en enero de 2019, añadiendo que corrieran con los gastos de la demolición, con lo que, en caso de no pagarla, tendria condena de cárcel, ahora sí con entrada en prisión, aumentando a los dos años y tres meses.

Los acusados solicitaron amparo al Tribunal Constitucional por “indefensión” durante la causa judicial en la que, según argumentan desde Fraguas Revive, se juzgaron los hechos del grupo y no los actos de forma individual. En este sentido, la posición del Alto Tribunal podría ser determinante para paralizar la ejecución de la condena de prisión, en el caso de que admita a trámite el recurso en los próximos meses.


Con fecha del 20 de julio la cifra en la que el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara valora el coste del derribo es de 109.840,87 euros de las construcciones levantadas por los repobladores. Una suma que, según confirma el auto, deberán, en concepto de responsabilidad civil, costear las seis personas que fueron condenadas.

El presupuesto redactado por la empresa pública Tragsa en febrero de 2021, incluiría el “coste de demolición de las obras y construcciones, así como la estimación de los costes en la retirada de los residuos existentes anteriores al 7 de febrero de 2017”. Parece ser que el presupuesto está super inflado, piensan los acusados.

En abril de 2021, con la demolición de Fraguas ya en vías de ejecución, el CSIC advirtió de la ilegalidad del derribo del poblado a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, María del Carmen Molina Mansilla, El informe remitido por el CSIC a la magistrada señalaba que todo el conjunto del pueblo de Fraguas es susceptible de estar protegido por la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha.

Ante el informe del CSIC, la magistrada decidió paralizar la demolición de Fraguas y encargar al Seprona un informe sobre el valor artístico de las construcciones de este poblado. Poco más de un año después, la magistrada ha retomado la ejecución del pueblo de Fraguas.

Además de la vía penal, los repobladores de Fraguas siguen también pendientes de su desalojo por vía administrativa, desde que en diciembre del año pasado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitiera una resolución para echarles del pueblo firmada por el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, dándoles un plazo de diez días desde entonces para el desalojo voluntario. Recurrieron la resolución y acudieron a la vía contencioso-administrativa, que decidió mantener el desalojo dictado por la administración manchega.

El presidente autonómico, Emiliano García-Page debería ser coherente con su discurso, mientras presume de medidas y de un nuevo marco legislativo autonómico para combatir la despoblación, se multiplica exponencialmente el acoso a los repobladores de Fraguas
 
A día de hoy “Fraguas Revive” ha creado una campaña de recaudación de fondos en las RRSS (https://www.facebook.com/FraguasRevive/) de cara a su defensa legal o pagar los costes de la sentencia y así evitar ir a la cárcel.
Es importante apoyar y visibilizar este tipo de iniciativas para que surjan desde la administración propuestas de repoblación del mundo rural que tan abandonado se encuentra desde hace ya tiempo. Esta situación tiene visos de acelerarse con la falta de apoyo del Estado a personas que buscan una forma de vida más sencilla, natural y que es vital para conseguir que no se deteriore el entorno rural y por encima de todo nuestra naturaleza.
Fuentes:  Fraguas Revive y El Salto 

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